Juan Espinoza Espinoza
Comienzo esta columna por donde terminé mi anterior artículo1: la doctrina civilista nacional más atenta no ha hecho esperar la crítica que se merece la reforma introducida por el D. Leg. N.° 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, del 3 de setiembre del 2018, que, por lo mal diseñada que está, se desmorona por sí
sola. Ello, no sólo por los grandes vacíos y contradicciones que ha generado, sino, incluso, por los errores en las propias remisiones efectuadas (tanto en modificaciones o derogaciones).
